viernes, 9 de junio de 2017

ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA

 Las aspiraciones de España por lograr su incorporación a las Comunidades Europeas cobraron impulso con la llegada de la democracia y, con tal propósito, el Gobierno del presidente Adolfo Suárez solicitó, el 26 de julio de 1977, oficialmente la adhesión a la CEE (hoy Unión Europea). Esta aspiración española se vio satisfecha ocho años después -el 12 de junio de 1985- con la firma del Tratado de Adhesión en Madrid y la integración efectiva en la Comunidad Económica el 1 de enero de 1986. Desde entonces, la senda de España ha venido jalonada de importantes avances que han redundado en el bienestar de la sociedad española en su conjunto.

Tres años y medio después de su adhesión -en junio de 1989- España incorporó su divisa nacional (peseta) al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, instaurado por Francia, Italia, Dinamarca, Países Bajos y Luxemburgo desde 1979. Asimismo, España reforzó su apuesta integracionista suscribiendo en junio de 1991 el Acuerdo de Schengen que, ahondando en el concepto de una "Europa sin Fronteras", supuso la eliminación progresiva de los controles en las fronteras entre Estados miembros.

La firma del Tratado de Maastricht (1992) dotó a la Unión Europea de su denominación actual al igual que del diseño de la hoja de ruta hacia una moneda común. Ese mismo año, durante la Cumbre de Edimburgo, los Estados miembros instauraron el llamado Fondo de Cohesión para proyectos de medio ambiente, infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de renta por debajo del 90% de la media de la UE. Como consecuencia de ello, España obtuvo, junto al resto de los fondos estructurales recibidos, un inestimable apoyo para la revitalización y el desarrollo regional.

En diciembre de 1995, coincidiendo con el final de la segunda Presidencia española de turno de la UE, se acordó en Madrid la denominación de "euro" para la moneda común europea, cuya implantación se produjo exitosamente a partir de enero de 2002. Este hecho hizo a España partícipe, como miembro fundador, de la nueva divisa europea que ha supuesto la materialización efectiva de un proyecto unificador como la UEM que aspira a la integración económica de todos los Estados miembros.

España ha desarrollado un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la negociación de los tratados de Amsterdam (1997), Niza (2001), el fallido Tratado Constitucional (2004) y Lisboa (2009). Del mismo modo, ha venido contribuyendo al desarrollo de políticas con aportaciones sostenidas en ámbitos tan diversos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su impronta a las relaciones exteriores, especialmente en lo referente a la política orientada hacia Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo.

España ha desempeñado la Presidencia de turno semestral del Consejo en cuatro ocasiones, dos de ellas (1989 y 1995) durante los Gobiernos de Felipe González; la tercera (2002), con José María Aznar, y la última (2010), con José Luís Rodríguez Zapatero. El compromiso de España con el proceso de construcción europea ha sido siempre muy intenso, al suponer Europa una referencia de libertades y prosperidad para España. Razón por la que, con independencia de nuestros distintos gobiernos, España siempre ha apoyado una mayor integración política y económica.

La implicación de nuestro país se ha evidenciado igualmente en la notable labor gestora de los numerosos españoles que han venido ocupando altos cargos en las instituciones europeas. El Parlamento Europeo ha sido presidido por españoles en tres ocasiones: Enrique Barón (1989-1992), José María Gil-Robles (1997-1999) y Josep Borrell (2004-2007). Por su parte, Javier Solana desempeñó durante una década, desde 1999, el cargo de alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Asimismo, la Comisión Europea, institución guardiana de los Tratados de la UE, ha contado con la presencia destacada de españoles en sus respectivas carteras de comisarios europeos: Marcelino Oreja, Pedro Solbes, Loyola de Palacio, Abel Matutes, Manuel Marín, Joaquín Almunia y, desde el 1 de noviembre de 2014, Miguel Arias Cañete.

La Unión Europea es el marco natural de desarrollo político y económico de nuestro país, y es por ello que en estos momentos España asume sus responsabilidades impulsando una Unión más eficaz, más democrática, más próxima a los ciudadanos, capaz de responder a los retos y necesidades del nuevo siglo.


 España es el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de temporalidad: el 26,1% de los trabajadores carecían de contrato fijo a cierre de 2016, prácticamente el doble de la media comunitaria (14,2%). Entre los Veintiocho, solo Polonia tiene unas cifras peores. La ausencia de contratos fijos afecta especialmente a los jóvenes. Casi tres de cada cuatro trabajadores españoles de entre 15 y 24 años —el 72,9%— mantiene con su empresa un acuerdo temporal, de nuevo la segunda tasa más alta de la UE, en este caso solo por detrás de Eslovenia. La media comunitaria está casi 30 puntos más abajo, en el 43,8%.

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